- Cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión

- Curso específico en materia de extranjería, excepto cuando se haya realizado de forma conjunta con el curso de práctica jurídica contencioso-administrativa.

1.- Entrevistarse con el ciudadano, con carácter previo a la instrucción del expediente de devolución policial, e informarle de los motivos por los que no se le ha permitido aún su entrada en territorio español.

2.- Tomar vista e instruirse del expediente iniciado por la Policía.

3.- Estar presente y asistir al ciudadano en la entrevista que se realice por funcionario policial, participando activamente en la misma.

4.- Recabar de la Policía que le sea entregada copia de la resolución que se dicte e informar al interesado de modo comprensible de los términos de la misma y de los recursos que cabe interponer.

5.- Informar al ciudadano sobre el beneficio de asistencia jurídica gratuita, así como, razonadamente, de la sostenibilidad o insostenibilidad de la pretensión para la que se pediría, y facilitarle los impresos de solicitud correspondientes, conforme al modelo y anexos proporcionados por el Colegio de Abogados. De interesarlo el ciudadano, ayudarle en su cumplimentación, cuidando que lo haga de forma completa (datos personales completos, domicilio, teléfonos, situación familiar, situación económica, declaración jurada de bienes y ausencia de otros recursos) y lo firme. Una vez finalizadas las asistencias procederá a comunicar al Colegio los nombres y apellidos de los ciudadanos asistidos.

6.- Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se entregarán por el ciudadano o por el abogado a la persona que el Colegio tiene destinada en el puesto fronterizo. En el supuesto de que no estuviera el empleado las recogerá el letrado y la remitirá al Colegio en un plazo máximo de 15 días.

7.- En el supuesto de que el ciudadano inste el beneficio de asistencia jurídica gratuita, el letrado podrá solicitarle el apoderamiento, que aquel efectuará de manera fehaciente a favor del profesional a presencia policial, cumplimentando a tal efecto el documento correspondiente que contendrá un mandato representativo expreso, conforme al modelo anexo.

8.- Facilitar sus datos de contacto al ciudadano, preferentemente correo electrónico o fax, a fin de pueda informarse del estado de tramitación de los recursos. Igualmente le proporcionará un correo electrónico del Colegio de Abogados (turno@icam.es) para facilitar el contacto entre aquel y el profesional designado.

9.- Si la situación en la que se encuentra el ciudadano merece una actuación urgente (ej.: menores retenidos, residentes legales, o familiares directos de comunitarios o residentes), el abogado deberá iniciar las acciones necesarias (medidas cautelares, cautelares urgentes, habeas corpus) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o en su caso ante el Juzgado de Instrucción.

10.- En la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, tanto para la formulación de la demanda como, especialmente, para recurrir su inadmisión o desestimación, el Letrado debe tratar de ponerse en contacto con el ciudadano cuya defensa tiene asignada para informarle razonadamente de la sostenibilidad o insostenibilidad de la pretensión a deducir y poder actuar teniendo en cuenta sus indicaciones y su interés al tiempo de la prestación profesional. A este fin el Colegio de Abogados pondrá sus servicios y medios de comunicación a disposición del Letrado.

1.- Entrevistarse con el ciudadano, con carácter previo a la instrucción del expediente de devolución policial, e informarle de los motivos por los que no se le ha permitido aún su entrada en territorio español.

2.- Prestada la asistencia deberá informar al interesado de las alegaciones que proceden contra la actuación administrativa adoptada y de los plazos para formalizarlas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero

3.- Facilitarle todos sus datos de contacto, y solicitar del ciudadano domicilio y teléfono donde poder localizarle, y donde el letrado cuidará que el ciudadano sea notificado debidamente de las resoluciones que recaigan en el procedimiento sancionador.

4.- Informar al ciudadano de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, asi como, razonadamente, de la sostenibilidad o insostenibilidad de la pretensión para la que se pediría, facilitándole el impreso de solicitud, conforme al modelo y anexos proporcionados por el Colegio de Abogados, a fin de que lo cumplimente en su totalidad (datos personales completos, domicilio, teléfonos, situación familiar, situación económica, declaración jurada de bienes y ausencia de otros recursos) y lo firme para su remisión al Colegio, en un plazo no superior a 15 días.

En todo caso habrá de indicarse expresamente en dicha solicitud la fecha de la resolución administrativa y el número de referencia en su caso.

Al Colegio habrá de remitirse el original de la solicitud que será la única que se presente para todo el procedimiento, tanto en vía administrativa como judicial y, en su caso, los posteriores recursos.

5.- El ciudadano podrá apoderar ante el funcionario policial al letrado para que actúe en su representación, para la tramitación del expediente de expulsión y posteriores recursos. Deberá hacerlo según modelo anexo.

6.- El abogado, efectuará las alegaciones en el término de 48 horas previsto y en el plazo máximo de 15 días remitirá al Colegio el impreso de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita debidamente cumplimentado y firmado por el interesado.

El Colegio verificada la solicitud y, en su caso, requerida la subsanación al interesado, procederá a efectuar la designación, que tendrá carácter de provisional hasta su confirmación por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

7.- El abogado que tenga diligencia de apoderamiento en forma efectuado ante la Policía podrá valer el mismo, bien ante Notario, bien ante el Órgano judicial correspondiente a fin de iniciar el oportuno procedimiento contencioso-administrativo, en caso de que proceda.

8.- Si el letrado no desea asumir la representación del ciudadano extranjero o es el propio ciudadano el que se niega a otorgar el apoderamiento, el profesional no estará obligado a recibir las notificaciones en nombre del interesado, siendo éste quien habrá de firmar los escritos que se presenten, tanto en vía administrativa como ante la jurisdicción.

9.-Efectuada la designación para un expediente de expulsión, el abogado designado asumirá la defensa de su cliente para todos los incidentes que traigan causa en dicha designación (ej.: internamientos, caducidades, revocación, etc.).

10.- Cuando se solicite del Colegio la asistencia para un ciudadano que ya tiene letrado designado para la defensa en anterior expediente de expulsión, se intentará localizar al mismo profesional para que se haya cargo de la nueva defensa. De no localizarle, o de serle imposible la prestación de la asistencia, se enviará un abogado de los que se encuentren de guardia.

11.- En la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, tanto para la formulación de la demanda como, especialmente, para recurrir su inadmisión o desestimación, el letrado debe tratar de ponerse en contacto con el ciudadano cuya defensa tiene asignada para informarle razonadamente de la sostenibilidad o insostenibilidad de la pretensión a deducir y poder actuar teniendo en cuenta sus indicaciones y su interés al tiempo de la prestación profesional. A este fin, el Colegio de Abogados pondrá sus servicios y medios de comunicación a disposición del Letrado.